jueves, 11 de enero de 2018

Prohibido defender el castellano

Andreu Pujol Mas es un historiador y escritor independentista. Se lo suele ver en tertulias televisivas y en artículos de la prensa escrita. Aunque no lo manifiesta explícitamente en su currículum de presentación para tales intervenciones, también es concejal de ERC en la localidad de Breda.

En una reciente nota en el semanario El Temps, titulada apocalípticamente "Arrassar-ho tot", Pujol Mas relata un episodio que involucra al inefable Jordi Cañas:

Dues piulades de Twitter en dos dies de diferència. La primera és de Jordi Cañas, exdiputat de Ciutadans que va haver d’abandonar el Parlament quan va ser imputat per frau fiscal. Es queixa del fet que el Zara del Portal de l’Àngel de Barcelona està retolat en català i anglès. Dos dies després Zara li contestava públicament que “el cartell serà modificat en els propers dies per incorporar el castellà”. No és que Cañas, nascut a Catalunya, sigui tan obtús que és incapaç d’entendre el català i vagi passejant desconcertat entre calces i sostenidors quan busca la planta d’homes per comprar una corbata. No és, tampoc, que estigui preocupat pels drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya. Si fos així, estaria indignat pel fet que el català només té una presència del 8,4% en els jutjats catalans, o que l’etiquetatge de la majoria dels productes a les prestatgeries dels supermercats és en castellà, o que la majoria de televisions que es poden veure a Catalunya no emeten ni un segon del dia en la llengua autòctona del país.

Uno aplaude la preocupación de Pujol Mas por la lengua catalana, por más que no llegue al punto de escribir correctamente el verbo arrasar, o de evitar confundir las preposiciones en y amb. Hecha esa salvedad, este párrafo es un condensado de todo lo que está mal en la cosmovisión lingüística del separatismo. Reivindicaciones razonables, pero manipuladas, se mezclan con peticiones de principio absurdas y con exigencias no menos estrambóticas en un variado cóctel de victimismo catalán.

Empecemos por el único argumento razonable de Pujol Mas: en Cataluña se celebran pocos juicios en catalán. Esto es cierto, pero no se debe a que la pérfida España ponga palos en la rueda a la presencia de jueces de habla catalana. El motivo principal, explicado (con las fuentes correspondientes) en el blog Cita Falsa, es que "el número de opositores en Cataluña a Cuerpos como Jueces, Fiscales o Letrados de la Administración de Justicia  (y en general, para cualquier Cuerpo de la Administración de Justicia) es muy inferior al que le corresponde por demografía. Y (...), por lo tanto, muchas plazas son cubiertas por opositores procedentes del resto de España".

Pero Pujol Mas no le imputa a Cañas la baja presencia del catalán en los juzgados, asunto en el cual el exlegislador naranja no tiene ninguna responsabilidad. Lo que le achaca es que no la denuncie, y en cambio sí se queje sobre la ausencia del castellano en la rotulación de las tiendas Zara. Pujol Mas viene a decir, así, que los castellanoparlantes no tenemos derecho a defender los intereses del castellano en Cataluña si al mismo tiempo no defendemos los intereses del catalán. Por supuesto, no se impone a sí mismo una exigencia simétrica: cuando pide más catalán en tal o cual ámbito, Pujol Mas no se siente en ninguna obligación de peticionar también por el castellano en los espacios de los cuales ha sido marginado, como la cartelería pública. En este último ámbito, el catalán tiene leyes y códigos que lo protegen, en tanto que el castellano está totalmente indefenso. Pujol Mas no va a intentar revertir esta lamentable situación, lo cual es comprensible. Menos comprensible es que le niegue a Jordi Cañas ese derecho, o que se lo supedite a iniciar una cruzada paralela por los derechos lingüísticos de otros idiomas.

Pujol Mas aduce que los rótulos en castellano no son necesarios, porque en catalán ya se entiende. Correcto, pero menos necesarios aún son los rótulos en catalán, ya que si estuvieran en castellano los entendería todavía más gente. Es que los separatistas no se terminan de aclarar respecto a si lo que van aducir son motivos prácticos o principistas. Por ejemplo, las quejas separatistas de que no se pueden pronunciar discursos en catalán en el Congreso de los Diputados o en la Eurocámara no se basan en ninguna necesidad real, porque los diputados catalanoparlantes pueden, todos ellos, hablar en castellano. La presencia del catalán en esos ámbitos tendría, eso sí, una fuerte carga simbólica. Pero ¿por qué solamente el catalán tiene derecho a símbolos? ¿Por qué un hablante de la lengua mayoritaria en Cataluña no tiene derecho a esperar verla usada en la cartelería? ¿Por qué, mientras que el 51% de los catalanes tienen como lengua principal el castellano (frente a un 36% que usan mayoritariamente el catalán), la señalización oficial de todas las administraciones de Cataluña "vende" una imagen de país monolingüe en catalán?

Pujol Mas se lamenta de que la mayoría de productos en las estanterías de los supermercados estén etiquetados en castellano, pero ¿qué hay de los productos locales de Cataluña etiquetados exclusivamente en catalán? ¿Por qué está bien denunciar lo primero, pero si se denuncia lo segundo ello es equivalente a "arrasar" el catalán?



Finalmente, Pujol Mas repudia el que la mayoría de televisiones que se pueden ver en Cataluña no emitan en "la lengua autóctona del país". ¿Debe Cañas protestar por una cuestión esencialmente de mercado? Producir un programa de televisión cuesta mucho. Poner un cartel en tres lenguas en vez de dos, en cambio, no cuesta nada.

Y ahí está la diferencia clave entre los agravios que sufre el castellano en Cataluña y los que supuestamente experimenta el catalán. Cuando el catalán es excluido (que lo es, indiscutiblemente, en muchos ámbitos), hay explicaciones eminentemente prácticas y racionales para dicha exclusión: el engorro que supondrían las traducciones simultáneas en el Congreso; las demoras que implicaría reciclar a cada funcionario del Poder Judicial que se trasladara a Cataluña en un lenguaje tan especializado como el del Derecho; la falta de rentabilidad de los doblajes cinematográficos en catalán cuando ya se dispone de versiones en otra lengua entendida por el 100% de los catalanes... Quizá se podría hacer un poco más por el catalán, pero lo que no hay es una intención deliberada de suprimirlo. En cambio, cuando se margina al castellano se lo hace en la plena consciencia de la exclusión y sin ninguna ventaja económica o de otro tipo que la explique. Y si algún castellanoparlante se queja, se lo combate con las armas favoritas del separatismo: el escarnio y la deslegitimación públicos.

lunes, 8 de enero de 2018

"El castellano ya lo aprenden en la TV y en el entorno"

Como muchos independentistas, el tuitero @Raulmuto relató en un gorjeo una experiencia que presuntamente ilustraría la gran solidaridad internacional con el movimiento separatista catalán:


Las reacciones no se hicieron esperar, y Raül recibió la befa de sus lectores, por ejemplo:



Desde que se inauguró la moda de los lazos amarillos historias de este tipo han cundido por centenares en las redes sociales. En algunas versiones el separatista involucrado hasta es homenajeado con gestos materiales, como el no cobro de un viaje en taxi, o una invitación a desayunar. En este caso, el uso de un gentilicio erróneo para los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay parece ser la pistola humeante que denuncia inequívocamente el bulo.

Sin embargo, yo voy a partir una lanza por @Raulmuto. Al menos teóricamente es posible que le haya ocurrido lo que relató, o que esté convencido de que le ocurrió. Como hablante nativo del dialecto rioplatense, sé muy bien que un uruguayo no sólo no diría jamás "uruguayano", sino que tampoco usaría formas verbales y pronominales como "oye", "tenéis" o "vosotros", sino que diría "oíme", "tienen" y "ustedes", como se estila en aquella región. Pero ello no obsta para concederle a Raül el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque cuando reportamos lo que alguien nos dijo, no lo hacemos en la lengua o dialecto en que originalmente lo expresó, sino en nuestra propia lengua o dialecto. Reproducimos sus conceptos, pero con nuestras palabras.

Y ese es precisamente el problema. No que Raül haya presuntamente inventado una historia, sino  que su palabra castellana para "uruguayo" sea "uruguayano". Su exposición al castellano ha sido tan escasa que no conoce de primera mano un gentilicio relativamente frecuente, y en cambio lo elabora adaptando la palabra catalana uruguaià, que esa sí la sabe.

Cuando se reclaman más horas de castellano en la escuela, la respuesta separatista suele ser que no es necesario, ya que el castellano tiene una presencia ambiental tan grande (en la calle y en la televisión) que la gente termina aprendiéndolo sin necesidad de que la escuela actúe. Al oír hablar a las nuevas generaciones de catalanes no queda demasiado claro que esa transmisión osmótica realmente esté ocurriendo. Las peticiones de principio de que los alumnos van a entrar en contacto social con castellanoparlantes, o de que van a ver la televisión española, son desmentidas por la inseguridad de hablante extranjero que evidencian al expresarse en castellano, y que se refleja en el uso de unidades léxicas inexistentes como desenvolupar, judicio o tractamiento. Efectivamente, es posible, y está ocurriendo, que un catalán atraviese la niñez y adolescencia y llegue a la edad adulta sin apenas relacionarse con gente de habla castellana, y viendo exclusivamente TV3. La inmersión lingüística condenará a ese hablante a no desarrollar la fluidez y seguridad necesarias para relacionarse con la mayoría de catalanes que habla castellano, por no mencionar a los 500 millones de otras personas que lo tienen como lengua materna.

Pero lamentablemente, nada hace pensar que los responsables de educación del sector separatista revisen unas políticas que también a ellos les convendría cambiar. Si no para mejorar el bagaje lingüístico de la población catalanoparlante, al menos para incrementar la credibilidad de sus espadachines en Twitter.


martes, 2 de enero de 2018

El día que la fábrica de independentistas dejó de producir

Apenas se conoció el recuento del 21-D me sorprendió la reacción casi unánime de la prensa, que describió los resultados como una derrota sin atenuantes para el Gobierno de Rajoy y un fracaso sin paliativos para el constitucionalismo. A diez días de los comicios, y ya con todas las variables estabilizadas y decantadas, no me parece, ni mucho menos, que ese sea el caso.

El 21-D fue en cierta medida un anticlímax. Se esperaba que las elecciones arrojaran un resultado decisivo --ya fuera a favor o en contra de la independencia-- y al final terminaron no decidiendo nada. Sin embargo, creo que de los dos bloques el constitucionalista es el que tiene más aspectos para celebrar. Es cierto que desde este sector se hablaba de una mayoría silenciosa que se vería reflejada en las urnas, y que existía la expectativa de que esos votantes podrían volcar la elección a favor de los partidarios de la legalidad, cosa que no ocurrió. En mi opinión, quien abrigó esa esperanza es porque sencillamente no había hecho las cuentas. Para ello se hubiera necesitado un aumento de la participación a niveles casi imposibles en una democracia con voto optativo, y además se hubiera necesitado que una mayoría abrumadora de esos votos fueran al PP, PSC o Cs. En los resultados finales, los constitucionalistas crecieron (con respecto al 2015) en  189.928 votos, los separatistas en 112.832 y los comunes disminuyeron en 41.253. Con estas cifras es fácil comprobar que los votantes nuevos se inclinaron por el constitucionalismo en un 56,7%. La suposición de que el votante anteriormente abstencionista se opondría mayoritariamente a la secesión era parcialmente cierta, no así la creencia acientífica de que ningún abstencionista pasaría a apoyar al independentismo.

Por otra parte, por más que una vez conocidos los resultados el separatismo ajustara su discurso para cantar victoria, lo cierto es que este sector tenía grandes expectativas puestas en superar el 50% de los votos. Esto expresaba, por ejemplo, la anterior socialista, y ahora independentista rabiosa, Marina Geli:



Así se manifestaba, por su parte, el no menos furibundo separatista Mark Serra:




Por otra parte, el 2 de diciembre Vilaweb informaba:
JxCat, ERC i la CUP es marquen com a objectiu que les tres candidatures independentistes sumin una majoria en vots i escons per reforçar el resultat de l’1-O i enterrar el 155. 
Mientras tanto, El Nacional reportaba así una entrevista a Artur Mas:
El expresident ha dado por hecho que si se consigue el 50% de votos, la hoja de ruta de la independencia se "tiene que mantener".
El motivo de este sueño húmedo secesionista está en parte resumido en el posteo de Mark Serra. Desde hace mucho tiempo campea la creencia de que el Gobierno de España, el Partido Popular y Mariano Rajoy en particular actúan como una virtual fábrica de independentistas, y que con cada uno de sus respectivos actos o declaraciones nace un nuevo separatista en Berga, Mollerussa o aun Santa Coloma de Gramenet. Esta noción intuitiva ha demostrado ser errónea.

Así, las cosas, estamos en condiciones de sostener que los resultados del 21-D, sin ser óptimos para la causa de la legalidad y la Constitución, la han dejado en una situación bastante buena, y mucho mejor de hecho que la que reinaba con anterioridad a esos comicios. Podemos resumir los motivos de nuestro optimismo en los siguientes puntos.


  1. El independentismo pasó del 47,8% de los votos en 2015 al 47,5% en 2017. Es decir que pese a los distintos acontecimientos que supuestamente habrían enardecido a la población (inhabilitación de Mas y Homs, represión del 1-O, encarcelamiento de los Jordis y consellers, exilio de Puigdemont en Bruselas, traslado de las obras de Sijena), la base social del separatismo no se ensanchó ni un milímetro. La nueva trampa al solitario que se están haciendo es que aumentaron en número absoluto, gracias al crecimiento de la participación, y que superaron por primera vez la barrera psicológica de los 2 millones. Pero el nivel de apoyo social se mide en porcentajes, y estos casi no variaron. La fábrica de independentistas, si es que alguna vez existió, definitivamente dejó de producir.
  2. Por el contrario, el constitucionalismo pasó del 39,1% en 2015 al 43,4% en 2017. Esto es, el electorado que se posiciona inequívocamente a favor de la unidad de España crece en lugar de disminuir, y lo hace tanto por la incorporación de votantes anteriormente abstencionistas como a expensas de las fuerzas que adoptan una posición ambigua al respecto (antes CSQEP, ahora CeC). Se sabía que existía un electorado cautivo que votaría independentista pasara lo que pasara. La novedad consiste ahora en haber constatado que existe un voto constitucionalista impermeable a cualquier manipulación, y que en un ejercicio de madurez cívica votará en defensa propia por las fuerzas de ese signo por más que rechace la brutalidad policial del 1-O.
  3. Como resultado de los puntos anteriores, el separatismo ve disminuidas sus opciones respecto al 2015. Al estancarse en porcentaje de votos y bajar de 72 a 70 diputados, no queda con autoridad moral de ir más allá de lo intentado en la anterior legislatura. Ya gastó sin éxito la opción nuclear de la unilateralidad, y con estos nuevos números no está habilitado para reactivarla. Solamente podría volver a transitar esa senda si en estos comicios hubieran traspuesto la frontera del 50% de votos; o si hubieran aumentado significativamente su porcentaje de sufragios; o si, al menos, las opciones constitucionalistas hubieran retrocedido. Nada de ello ocurrió, por lo que la unilateralidad no será una opción en lo que dure esta nueva legislatura.
  4. El nuevo constitucionalismo es mucho más desacomplejado en su defensa de España que los anteriores contingentes de esa tendencia en el Parlament. No es lo mismo 3 diputados hablando castellano y defendiendo al Estado en 2010 que el robusto bloque de 36 diputados que se expresarán en esa lengua y se manifestarán españoles sin ambages en 2018. Estos legisladores de Cs, que a ellos nos referimos, a su vez presionarán, ya han presionado, al PP y al PSC para ser más explícitos y desembarazarse de complejos, respectivamente, con respecto a su hispanidad, si es que no quieren seguir perdiendo sufragios en favor de la opción naranja. Por otro lado, los números son ahora suficientes para empezar a cuestionar el monolingüismo de la Generalitat e inclusive la inmersión lingüística desde las comisiones de la Cámara. No se ganará ninguno de esos combates --el rodillo separatista no tendrá ninguna piedad en aplastar cada iniciativa en ese sentido--, pero la cuestión empezará a estar sobre el tapete, y, más importante aún, perderá su condición de tabú, primer paso hacia la aceptación de la realidad de una Cataluña genuinamente bilingüe. 
  5. Todo el mundo, desde los partidos hasta el pueblo, ha avalado el 155 con su participación entusiasta en las elecciones. De hecho, se da la singularidad de que los comicios de mayor participación de la historia autonómica de Cataluña han sido convocados por Mariano Rajoy. Esto es importante para legitimar esta aplicación del 155 pero, sobre todo, de cara a posibles futuras implementaciones de este artículo. El principismo a ultranza (que habría sido representado, en este caso, por la decisión de boicotear las elecciones) es otra opción de la cual el separatismo se ha autoexcluido, y no resultaría creíble en el futuro bajo condiciones similares.
El 2018 comienza, así, con un cúmulo de incertidumbres, sí, pero sin la espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Cataluña al iniciarse el 2017. El intento de una minoría del país de proclamar un Estado que no tiene sustento legal ni social fue detenido por la acción decidida del Gobierno central y, no menos importante, por la movilización de la parte de la sociedad catalana que se opone a ese tipo de irresponsables proclamaciones. De las elecciones del 21-D surgirá un gobierno inconveniente para la economía de Cataluña y España, capitaneado por actores muy parecidos a los que ya se cargaron oportunidades históricas como la de la radicación de la Agencia Europea del Medicamento. Pero lo que no surgirá es un gobierno que pueda reunir al Parlament y votar una declaración fallida, otra más, de independencia de Cataluña. Y eso es una buena noticia.